Diputados: otra vez el rodriguezaismo se opuso a otorgar beneficios a comerciantes
El Bloque del Frente Justicialista de Todos ni siquiera habilitó el tratamiento. En silencio mandó a votar y frenó dos proyectos de San Luis Unido.
En un trámite exprés, el Frente Justicialista de Todos y bloques aliados no quisieron debatir dos declaraciones que promovían herramientas para que al sector productivos no se le haga tan cuesta arriba el tránsito de la pandemia.
El primer proyecto del presidente del Interbloque San Luis Unido Gastón Hissa, contenía un requerimiento al Gobierno provincial para que instrumente beneficios y exenciones impositivas a comerciantes, locales gastronómicos y de servicios, y de esa manera “coadyuvar a superar la crisis económica que se encuentran atravesando y reactivar la economía”.
El legislador de Avanzar San Luis remarcó la urgencia de generar medidas de asistencia y graficó: "Son 200 los comercios que cerraron en la ciudad de San Luis, 500 en la provincia, y mil puestos se perdieron por el cierre de hoteles y lugares gastronómicos”.
Es una más de la batería de iniciativas que el interbloque presentó desde el año pasado con el objetivo de “brindar una solución y no hemos obtenido respuesta alguna”.
“Es muy reiterativo el tema, puede causar molestia, pero es la realidad objetiva de lo que está pasando. Esa es la urgencia de que tratemos este tipo de proyectos, que le demos visibilidad, y el Gobierno implemente acciones que favorezcan a los sectores afectados y azotados por la pandemia”, sostuvo.
La votación terminó en 19 votos contra 12.
En el segundo proyecto, le solicitaban a la administración de Rodríguez Saá que declarara la emergencia económica del comercio minorista y la actividad privada identificada como no esencial hasta que “finalizaran los DNU referidos a la pandemia”.
El diputado de San Luis Unido-Libres del Sur, Joaquín Mansilla, dijo que la propuesta surgió de los mismos comerciantes independientes.
“Las razones de urgencia, es la realidad misma, por lo que viven los sectores de la economía que no han podido trabajar y sufren un montón porque no pueden llevar el alimento a la casa”, manifestó.
Otro de los puntos de la iniciativa se centra en que se convoque a todas las asociaciones, cámaras, instituciones y entidades representativas a una mesa de diálogo para “estudiar la situación y diagramar los alcances de la declaración de emergencia”.
Además, pidieron que se interceda ante las empresas de servicios de energía eléctrica y gas natural para la revisión del cobro de intereses punitorios cobrados durante la pandemia.
“Muchos comercios cerraron sus puertas porque no pudieron sostener el trabajo, alquileres, pago de salarios. Por eso quieren ser escuchados, tener alguna previsión y acompañamiento”, señaló.
Volvió a comisión por 20 contra 14.
Expropiación al Castillo de La Toma
Otra de las declaraciones que no prosperó fue una declaración para que el Gobierno provincial “revea” y “reconsidere” la situación habitacional de una familia ante la expropiación del Castillo de La Toma.
“Es algo para preocuparse, porque quedan sin vivienda tres jubilados y dos jóvenes. No sólo abarcaría la casa, sino también un terreno que ellos tienen para crianza de aves y sembrado de hortalizas que les ayuda a solventar los gastos”, explicó Norma Moreno de San Luis Unido.
Y agregó: “No se niegan a la expropiación del castillo porque quieren el adelanto del pueblo, pero si quieren su vivienda donde permanecen desde que nacieron".
"Seremos acaso los diputados que ellos han puesto toda la esperanza los causantes de algún problema de salud que puedan tener más adelante al ser desarraigados de su casa, su lugar, su terruño de nacimiento", planteó.
La votación terminó en empate con 17 votos. En ese caso, el presidente del cuerpo, Juan Carlos Eduardo, debió intervenir y la propuesta regresó a comisión.